¿Qué Pasa en Venezuela?

Cristino Del Castillo

El pasado 8 de enero se celebró en Miraflores, el palacio de gobierno de Venezuela, una reunión del presidente Nicolás Maduro con un centenar de gobernadores y alcaldes de los municipios que soportan el mayor índice de delincuencia, con el propósito de discutir un plan para hacerle frente a este mal que generó unas 25 mil muertes violentas el año pasado y que constituye una de las preocupaciones fundamentales en esta nación sudamericana.

El encuentro, convocado luego del asesinato de la reina de belleza Mónica Spear y su pareja a manos de atracadores, estuvo marcado por un apretón de manos entre Maduro y el jefe de la oposición, el gobernador por el Estado de Miranda Enrique Capriles, que se entendió ponía fin a nueve meses de quiebre total de las relaciones entre el gobierno y la  oposición, que se negaba a reconocer al gobierno surgido de las elecciones de abril de 2013.


Sin embargo,  apenas un mes y cuatro días después de aquella reunión catalogada de histórica por algunos observadores políticos, estallaron en varios estados venezolanos virulentas protestas que dejaron un saldo de varios muertos y decenas de heridos. En Mérida los sucesos violentos llegaron al clímax cuando un joven opositor se electrocutó al tratar de destruir una valla de la Gobernación, mientras que en Táchira decenas de estudiantes causaron serios destrozos a la casa del gobernador.

El apretón de manos de Maduro y Capriles  funcionó como desencadenante de una gran discusión a lo interno de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), la entidad que agrupa a las principales organizaciones de oposición, con respecto a la actitud que debía asumirse frente al gobierno.

El grupo más radical, encabezado por Leopoldo López, un economista egresado de Harvard que funge como coordinador general del partido Voluntad Popular, terminó imponiendo la línea de confrontación abierta con el gobierno.

Debemos abrir un paréntesis aquí para decir que Leopoldo López fue alcalde del municipio Chacao de Caracas desde el año 2000 hasta el 2008. Ostentando esta condición tuvo una destacada participación en los acontecimientos que condujeron al golpe de Estado de 2002 contra el presidente Hugo Chávez .Durante aquellos acontecimientos López ganó fama como hombre de posiciones radicales y firmes, llegando, incluso, a participar como autoridad en el arresto del ministro de Interior y Justicia, Ramón Rodríguez Chacín.

El juicio que se le siguió a López por su participación en aquel golpe fue sobreseído en diciembre de 2007 debido a una amnistía otorgada por el presidente Hugo Chávez. Sin embargo, en el 2008 el dirigente político fue inhabilitado por la justicia para ejercer cargos públicos tras ser acusado de haber recibido, en 1998, recursos de la gerencia de Petróleos de Venezuela, que ocupaba su Madre Antonieta Mendoza, para fundar el partido opositor Primero Justicia. Posteriormente, López fue sancionado nuevamente por desviar recursos destinados al pago de empleados municipales mientras se desempeñaba como alcalde. Su inhabilitación culmina este año.

Pues bien,  las tensiones en el seno de la MUD a que hemos hecho referencia es lo que explica por qué Capriles, el jefe de toda la oposición, no ha aparecido liderando las protestas que hasta ahora se han escenificado.

La posición de los grupos más radicales de la oposición venezolana se sustenta en la convicción de que el actual cuadro de crisis económica, puede ser aprovechado para generar una crisis política de grandes dimensiones que ponga en cuestionamiento la legitimidad del gobierno de Nicolás Maduro, lo aísle internacionalmente. El objetivo de las protestas es de evitar que el gobierno consolide sus posiciones a través de las medidas anunciadas recientemente y que tienden a limitar la capacidad de presión de los grupos empresariales que le son adversos.

Los grupos más moderados dentro de la MUD entendían que debía abrirse un período de distensión en las relaciones con el gobierno para evitar un desgaste mayor que el que se puso de manifiesto en las elecciones del pasado mes de diciembre, después de nueve meses de confrontación abierta y permanente con el gobierno.

Como podrá recordarse, la oposición decidió jugárselas todas en las elecciones locales de finales del año pasado, apostando a que dichas elecciones no solo fueran para elegir gobernadores y alcaldes, sino que sus resultados se tomaran también como parámetro para medir la legitimidad del gobierno de Maduro y marcaran el inicio de una gran ofensiva para forzar la renuncia del mandatario.

Sin embargo, en esas elecciones locales el chavismo obtuvo 10 puntos porcentuales más de votos que la oposición, alzándose con 242 alcaldías contra 75 de la MUD. Tras esa contundente derrota, muchos en la oposición entendieron fracasada la línea de desconocimiento del gobierno de Maduro. De ahí la presencia de los gobernadores y alcaldes de la oposición en el acto convocado por el gobierno para discutir políticas contra la delincuencia.

La oposición venezolana ha utilizado todas las vías para deshacerse del chavismo, desde el golpe de Estado hasta el referéndum revocatorio, pasando por paros, saboteos empresariales y en la industria petrolera. Desde 1998 el chavismo ha ganado cuatro plebiscitos de carácter nacional, cuatro elecciones presidenciales y once elecciones parlamentarias, regionales y municipales. Y todo ello pese a que la oposición, contrario a lo que mucha gente cree, tiene a su servicio los principales medios escritos, televisivos y radiales  de alcance nacional, casi todos privados.

La radicalización de la oposición tiene mucho que ver con la embestida del gobierno de Maduro contra los sectores empresariales, sobre todo contra el sector importador, que a su vez es dueño del comercio interno, su más fiero opositor, a los que acusa de desatar en su contra una “guerra económica” con fines desestabilizadores. La imposición a estos sectores de medidas como el control cambiario, un límite a las ganancias del 30% y la represión de lo que el oficialismo define como “usura” genera entre ellos la percepción de que se les achica la libertad económica.

Este año el gobierno se propone asignar 45,000 millones de dólares a las importaciones, de los cuales los empresarios solo dispondrán de unos 28,000. Eso significa que los importadores privados dispondrán de 9,000 millones de dólares menos que el año pasado. Con esa medida el gobierno busca frenar la fuga de capitales, que se calcula en unos siete mil millones de dólares todos los años.

Esto explica en gran medida las protestas contra el gobierno, cuya posición luce vulnerable debido al descontento popular que genera una inflación del 56 por ciento (la más alta del mundo) y una aguda escasez de productos de consumo básico, que abarca hasta el papel higiénico.

Para algunos observadores, la decisión reciente del gobierno de recomponer el mando de todos los órganos de seguridad  del Estado luce un indicador de que se excluía un escenario como el actual, al menos en el corto plazo. Ello explicaría el desconcierto que se advierte en su reacción inicial, matizada por la  improvisación y la comisión de algunos excesos que hicieron pensar que el gobierno se dejaba empujar al terreno que la oposición deseaba.

Fue muy notorio que las cadenas de televisión de Estados Unidos, tal como lo hicieron durante el golpe contra Chávez en el 2002, trabajaron intensamente en la manipulación de las informaciones con miras a promover las protestas y desacreditar al gobierno, mientras desde el gobierno se acusaba a  Estados Unidos de financiar el desorden a través de la USAID con fines desestabilizadores.

Se advierte que Estados Unidos, que no ha reconocido formalmente al gobierno de Nicolás Maduro, ha endurecido su postura frente al proceso venezolano. Para muchos esta postura guarda relación directa con el gran salto hacia la independencia energética que ha dado este país, al que en varias ocasiones Chávez llegó a amenazar con suspenderle el suministro de petróleo en caso de una agresión en su contra.

La pérdida de influencia política de Estados Unidos en la región, país que no pudo boicotear la celebración en La Habana de la II Cumbre de la CELAC, conjuntamente con la tendencia hacia el  avance paulatino de la izquierda como opción en los procesos electorales de los distintos países, sirven de telón de fondo a los graves acontecimientos de Venezuela, país al que en cierta medida se le ve como sostén y gran estímulo de esta tendencia.

Por eso nadie debería extrañarse de que el gran vecino del torno pudiera tener sus manos metidas en lo que ocurre en Venezuela.